Una declaración en pro de la libertad académica, bendita y muy a contracorriente, promovida por algunos profesores de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Chicago.
De momento casi 600 académicos la apoyan, en su mayoría estadounidenses.
(Y dos valientes profesores españoles de la Complutense: Sergio Escorial Martín y Rubén Tamboleo).
Aquí en V.O.
Y aquí para firmarla.
Y aquí una traducción exprés:
Restaurar la libertad académica
La misión de la universidad es la búsqueda de la verdad y del progreso y la difusión del conocimiento. Una vigorosa cultura de libertad de expresión y libertad académica es esencial para dicha misión: el progreso intelectual a menudo amenaza el statu quo y se topa con resistencias. Las malas ideas sólo se eliminan mediante un análisis crítico sin cortapisas.
Por desgracia, la libertad académica y la libertad de expresión están desapareciendo rápidamente en las instituciones académicas, entre ellas las universidades, las asociaciones profesionales, las revistas y los organismos de financiación. Los investigadores cuyos hallazgos cuestionan los discursos dominantes tienen cada vez mayores dificultades para poder publicar y ser financiados, contratados y promocionados. Ellos, y los profesores que ponen en tela de juicio las ortodoxias actuales, se ven acosados en persona y en el ciberespacio, condenados al ostracismo, sometidos a opacos procedimientos disciplinarios universitarios, o bien despedidos o cancelados por otros procedimientos. La contratación, la promoción y la financiación están cada vez más sujetas a una aprobación política, implícita o explícita; incluida la aprobación por parte de burócratas que buscan imponer una agenda social, como aquella de promueve puntos de vista específicos sobre la justicia social o los principios de DEI [Diversidad, Equidad, Inclusión]. El activismo está sustituyendo a la investigación y el debate. Un número creciente de meros hechos e ideas no pueden siquiera mencionarse sin riesgo de represalias.
Las víctimas públicas con alta visibilidad constituyen apenas la punta del iceberg. Una atmósfera de miedo y autocensura impregna el mundo académico. Muchos profesores y estudiantes creen que no pueden expresar sus opiniones, desafiar los dogmas, investigar ciertos temas o cuestionar la pérdida de la libertad académica sin arriesgarse al ostracismo y a un perjuicio para sus carreras. Así, el conocimiento se va perdiendo, y muchos académicos con talento abandonan el mundo universitario.
Las universidades y las asociaciones profesionales no están resistiendo hoy a esas fuerzas antiliberales —que han surgido muchas veces a lo largo de la Historia, y en todos los lados del espectro político— ni defendiendo la libertad académica y la libertad de expresión.
Muchas universidades y organizaciones profesionales modulan ahora su apoyo a la libertad: libertad de expresión, dicen, siempre que el discurso no ofenda o excluya; libertad de expresión, siempre que no cuestione los discursos y las concepciones de la justicia social institucionalmente aprobados; libertad de expresión, pero sólo dentro de unos estrechos márgenes debidamente acreditados. Estas restricciones son contraproducentes, incluso para su propio objetivo de promover una determinada ideología. La gente deduce de ello que, detrás de estas censuras, se halla un deseo de proteger unas mentiras, para que éstas no se vean desmentidas. Históricamente, la censura ha apoyado regímenes monstruosos y a sus ideologías. Las malas ideas sólo se vencen con argumentos y persuasión, no con una política de la supresión. La verdadera justicia y la libertad no pueden existir la una sin la otra.
La pérdida de la libertad académica se debe en parte a una crisis de liderazgo. Aunque muchos dirigentes universitarios hacen declaraciones en las que apoyan el debate abierto, sin embargo supervisan y fomentan burocracias politizadas que acosan, intimidan y castigan a quienes expresan opiniones consideradas incorrectas, e imponen la conformidad ideológica en materia de contratación y ascensos. De poco sirve una defensa genérica de la libertad de expresión si, al mismo tiempo, los administradores de las universidades llevan a cabo investigaciones en secreto, sin respetar el principio de contradicción, y basándose en denuncias anónimas, y condenan al ostracismo a la víctima con las consecuencia que supone para todos sus potenciales futuros empleadores. Los consejos de administración, las organizaciones de ex alumnos, los donantes, los organismos gubernamentales de concesión de subvenciones y otros actores institucionales tampoco defienden los principios de libertad académica.
En vez de ello, las universidades y las organizaciones profesionales se lanzan abiertamente al activismo político e ideológico institucional. Los departamentos y otras secciones universitarias hacen declaraciones públicas de sus opiniones políticas, tachando así de herejes —e incluso de fanáticos— a los miembros que puedan poner en entredicho sus causas. Cada vez más, los centros y "aceleradores" se dedican a la promoción política y de ciertas políticas, a la defensa de las ideologías que apoyan, y a la supresión de las ideas contrarias. Las organizaciones y revistas profesionales anuncian, con demasiada frecuencia, que ciertos tipos de investigación, por muy válidos que sean desde el punto de vista metodológico, no pueden publicarse, y se vuelcan en la defensa de sus propias causas. Las burocracias universitarias exigen que se incluyan ciertos autores y se excluyan a otros de las listas de lecturas y de los debates en las aulas.
¿Qué se puede hacer?
Hacemos un llamamiento a todas las universidades,
asociaciones académicas, revistas y academias nacionales para que adopten la
"Tríada de Chicago" consistente en: los conocidos como "Principios de Chicago [2014] sobre la libertad de
expresión", la condición que planteaba el
Informe Kalven [1967] sobre la neutralidad institucional en asuntos políticos y
sociales y el informe Shils [1970], que hace de la contribución académica la única
base para la contratación y la promoción académicas.
El informe Kalven subraya que "Para cumplir su misión en la sociedad, una Universidad debe crear un entorno extraordinario de libertad de investigación y mantener una independencia respecto a las modas, pasiones y presiones políticas". La Universidad y sus unidades administrativas deben abstenerse de tomar posición en las cuestiones políticas del momento: "Si bien la Universidad es el hogar y el patrocinador de la crítica, no es en sí misma la crítica y, por lo tanto, no puede ejercer una acción colectiva sobre las cuestiones del momento sin poner en peligro las condiciones de su existencia y eficacia".
"La neutralidad de la universidad como institución no surge [...] por falta de valor ni por indiferencia e insensibilidad. Surge del respeto a la libre investigación y
de la obligación de valorar la diversidad de los puntos de vista".
También pedimos que el profesorado cree (o se afilie a las ya existentes) asociaciones no partidistas, destinadas a defender estos valores en los campus universitarios; a nivel nacional, como FIRE [Foundation for Individual Rights and Expression], la Academic Freedom Alliance, Heterodox Academy], FAIR [ Fairness & Accuracy In Reporting] y ACTA [American Council of Trustees and Alumni]. Las organizaciones profesionales deben priorizar la defensa de la libertad académica y la libertad de expresión de sus miembros.
Muchas universidades han adoptado oficialmente los
Principios de Chicago. Deben desarrollarse estructuras sólidas para defender
estos principios. El profesorado que sea objeto de críticas por parte de grupos
de estudiantes, otros profesores, decanos y administradores o personal de la
universidad debe poder hacer valer eficazmente su libertad de expresión e
investigación amparándose en estas declaraciones.
Las universidades deben crear salvaguardias que garanticen que los administradores trabajen para defender estos principios y no para
socavarlos. Los procedimientos
disciplinarios de las universidades deben ser transparentes y atenerse a las ya
centenarias protecciones básicas de los acusados, como el derecho a conocer e
impugnar las pruebas en su contra, a tener careos con los testigos de la acusación,
el derecho a la representación letrada y a la presunción de inocencia hasta que
se demuestre la culpabilidad.
Los dirigentes universitarios también deben promover e institucionalizar la libertad de expresión y la libertad académica mediante acciones concretas. La libertad es una cultura, no un mero conjunto de normas, y como tal hay que alimentarla. La libertad de expresión, la libertad de investigación, la tolerancia hacia las opiniones contrarias, la obligación de enfrentarse a las opiniones con argumentos, con la lógica y los hechos, el abstenerse de ataques ad hominem, el luchar contra la difamación, el no aceptar el doxing [publicar o filtrar información personal de alguien] y otros comportamientos poco éticos es algo que debe destacarse en los materiales de orientación destinados a todos los nuevos estudiantes y contratados.
La libertad viene acompañada de una cultura de la responsabilidad, pero las responsabilidades se cumplen mejor con las normas sociales que con extensos articulados normativos aplicados por burócratas no académicos. Si hay miembros de la comunidad universitaria o grupos de ésta que solicitan a los dirigentes de las facultades que se sancione o se castigue a un miembro del profesorado o a un estudiante por expresar su punto de vista, estos dirigentes de la Universidad deberían responder pública y claramente con una declaración en la que se afirme que la Universidad es un lugar para discutir y debatir todos los enfoques, y que el intento de castigar a otros por tener puntos de vista "incorrectos" es incompatible con las normas comunitarias de la institución. La Universidad también debería comprometerse con todos los estudiantes, profesores y empleados a no castigar ni sancionar la libertad de expresión.
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2. "`¡Que hoy es un "lunes de piernas al aire!" [un cartel de "CENSURADO" en la cintura]
3. "Me da miedo ya el martes."
