Una tradu exprés pero importante de esta tribuna de hoy en Le Monde:
Manuel Valls y Benoît Pellistrandi: "El acuerdo alcanzado por el Gobierno español con los independentistas catalanes es una rendición incondicional".
TRIBUNA
Manuel Valls Ex Primer Ministro - Benoît Pellistrandi Historiador
En un artículo publicado en Le Monde, el ex primer ministro Valls francés y el historiador Pellistrandi sostienen que el acuerdo gubernamental hecho público el 9 de noviembre, que permite al presidente del Gobierno español saliente volver al cargo con el apoyo de los independentistas catalanes, es una "descalificación intelectual y moral de la democracia española".
"Tres meses y medio después de las urnas, el 23 de julio de 2023, Pedro Sánchez reunirá una mayoría parlamentaria que le permitirá ser investido presidente del Gobierno. La nueva mayoría, que incluye a los socialistas y a la coalición de izquierdas Sumar, suma a los nacionalistas e independentistas vascos y a los independentistas de Izquierda Republicana de Cataluña [ERC], más los siete diputados imprescindibles de Junts per Catalunya, el partido independentista del expresidente catalán Carles Puigdemont.
El acuerdo hecho público el 9 de noviembre expone las
concesiones unilaterales que el PSOE hace a las exigencias de un partido
dirigido por un hombre que, durante seis años, ha eludido sus responsabilidades
penales ante los tribunales españoles. Pronto ya no tendrá que responder de nada, pues
acaba de presentarse en el Parlamento una ley de amnistía general. Impedirá
cualquier procesamiento y levantará todas las condenas y procesamientos
derivados de las diversas acciones ilegales y las numerosas manifestaciones violentas
que estos políticos catalanes protagonizaron con el objetivo de proclamar
unilateralmente la independencia de su región. Provocaron una respuesta muy
firme, primero del Rey Felipe VI, luego del Gobierno del PP, con el apoyo del
PSOE y de la judicatura.
La condición de una amnistía -respecto de la cual los socialistas habían
insistido, durante la campaña electoral, en que era inconstitucional y no tenía
nada que ver con sus intenciones- ha sido finalmente aceptada. Pedro Sánchez
reconoció que tuvo que "hacer de la necesidad virtud". Y ello a pesar
de las numerosas reservas, expresadas en particular de forma muy argumentada
por Felipe González, expresidente del Gobierno socialista (1982-1996), quien advirtió en la página web de su fundación el 7 de noviembre de que este acuerdo
sería peligroso para España; o por Juan Luis Cebrián, que hizo lo propio el 13
de noviembre en las páginas de El País, del que fue primer director.
Nacionalismo étnico-tribal
En realidad, el acuerdo alcanzado es una rendición
incondicional de los socialistas al relato independentista radical de Carles
Puigdemont. ¡En la exposición de motivos, los dos partidos se remontan a la
Guerra de Sucesión -1714- para justificar el acoso político de la España
castellana a la víctima Cataluña! Y las tesis de un nacionalismo étnico-tribal
son validadas sin la menor cautela. El movimiento independentista catalán ha
sabido imponer hábilmente la existencia de dos soberanías opuestas. Por un lado,
el pueblo, una supuesta mayoría -en el referéndum ilegal del 1 de octubre de
2017, que no ofreció ninguna garantía jurídica, los catalanes que votaron sí a
la independencia sólo representaban el 38,07% de los inscritos en el censo-; por el otro,
las "instituciones" -nada en el texto recuerda que se trata de las
instituciones democráticas de España-, validadas por un referéndum masivo el 6
de diciembre de 1978 y vitalizadas por cuarenta y cinco años de práctica
democrática.
Peor aún, el acuerdo estipula que el poder parlamentario
podrá investigar cualquier manipulación política de la que hubiera podido ser
culpable el poder judicial español. Carles Puigdemont hizo firmar al PSOE que
los procesos por abuso de poder y malversación de fondos eran materia de
persecución política y no de aplicación del derecho común.
En una declaración conjunta, todas las asociaciones de
magistrados y el conjunto de la judicatura denunciaron inmediatamente este
atentado contra la separación de poderes.
Junts también consiguió que se estableciera un
"mecanismo internacional de acompañamiento, verificación y
seguimiento" para este acuerdo político, como si se tratara
de una salida a un conflicto entre dos Estados. A esto hay que añadir una serie
de cuestiones fiscales y presupuestarias que ponen en entredicho la igualdad
entre españoles y la financiación de las comunidades, basada en la perecuación solidaria entre las regiones ricas (Madrid, Cataluña, Baleares) respecto a las demás.
Al margen de las previsibles reacciones de la oposición de
derechas -que Pedro Sánchez esperaba con impaciencia para presentarse como un
estadista de la reconciliación frente a la derecha del odio-, gran parte de lo
que contiene este acuerdo sólo podrá lograrse si la arquitectura institucional
de España se pone totalmente patas arriba. Esto no será posible en el
marco actual de los mecanismos de reforma constitucional, a menos que se
prescinda de las normas del Estado de Derecho. Pero es indudable que Pedro Sánchez ha
elegido a sus aliados parlamentarios en el campo de quienes niegan a la
Constitución española su dimensión democrática, empezando por los herederos
políticos de la banda terrorista ETA, los diputados de EH Bildu.
Socavar el Estado de Derecho
Pero el acuerdo no es sólo un engaño. Es una descalificación
intelectual y moral de la democracia española. La Constitución de 1978 resolvió
por consenso los grandes problemas históricos de España. Pedro Sánchez somete
así al PSOE al giro más radical, y más contrario a su identidad, de toda la
historia de la democracia, con unos independentistas catalanes aprovechando
descaradamente la posición de fuerza que les da esa llave parlamentaria de
siete diputados.
Como europeos, debemos estar extremadamente preocupados por
esta deriva de un gran país que va camino de socavar el Estado de Derecho.
Sabíamos que el nacionalismo era peligroso: lo está demostrando al amenazar un
gran éxito democrático en nombre de ideas fantasiosas, de una falsificación de
la historia y de una reivindicación étnica del pueblo catalán. Hubiera estado
bien que la gran socialdemocracia española mostrase más valentía y coherencia
con su historia, y que hubiera opuesto a la exclusión y al odio la comprensión
y el consenso. ¿Cómo puede justificar Pedro Sánchez su negativa a dialogar con
el principal partido español, el Partido Popular, y a aceptar las condiciones
leoninas de un partido que sólo tiene el 1,6% del voto nacional y el 11,16% del
voto catalán?
Por nuestros lazos personales con España, nos consterna
verla atrapada por sus demonios interiores en un momento en que el mundo está
en llamas y cuando, por la fuerza de su historia, podría estar aportando una
voz indispensable, como hizo en su día al acoger en 1991 la conferencia sobre la paz en
Oriente Próximo, en lugar de aceptar su relegación internacional, a la que está
condenada por la ceguera geopolítica de unos aprendices de brujo del
nacionalismo".
Benoît Pellistrandi es historiador y autor de Fractures
de l'Espagne (Gallimard, 2022). Manuel Valls, ex primer ministro francés
(2014-2016), fue concejal de Barcelona (2019-2021).
